La Defensoría Pública de Río de Janeiro anunció este, 25 de agosto del 2015, que pretende tomar medidas legales contra las autoridades de este estado brasileño por haber impedido el acceso a la playa a cerca de 160 menores de edad negros y pobres.
El gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezo, justificó las retenciones como un medio para evitar robos en las playas y afirmó que "algunos" de los menores interceptados por la Policía habían practicado robos en otras ocasiones. "Cuántos robos tuvimos, practicados por algunos de esos menores? No estoy diciendo que son todos los que estaban allí, pero hay muchos de ellos, identificados, que ya fueron detenidos más de cinco, ocho, diez o quince veces", dijo el gobernador el lunes.
No obstante, ninguno de los jóvenes a los que se vetó el acceso a la playa fue arrestado, porque no portaban armas o drogas ni cometieron delito alguno.
La coordinadora de Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente de la Defensoría Pública, Eufrásia Souza das Virgens, calificó estas detenciones como "un intento de segregación" de la ciudad, realizado por la Policía "atendiendo al pedido de un sector de la sociedad".
"Son adolescentes negros, pobres. Son ellos los que acaban siendo llevados. Hay selectividad de la Policía a la hora del abordaje", aseguró Das Virgens a Efe.
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