El presidente Nicolás Maduro indicó que aceptará la mediación de los gobiernos de Argentina y Brasil, encausada a lograr los diálogos entre Bogotá y Caracas a fin de abordar la situación de la frontera.
Mediante la Gaceta Oficial número 40740 queda legalizada la medida en las municipalidades de la Guajira, Mara y Almirante Padilla, después del anuncio efectuado por el presidente Nicolás Maduro.
El documento establece que en esta región se presentan “circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social” similares a las surgidas en diez municipios del estado Táchira (occidente), que se mantienen en estado de excepción desde hace 18 días.
Asimismo, expone que el objetivo del decreto es lograr que el Estado “disponga de las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida del contrabando de extracción de gran magnitud”.
El lunes por la noche, el presidente Maduro había ordenado el despliegue de 3000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la región, para resguardar el orden así como la tranquilidad de la comunidad indígena Wayúu.
El mandatario suramericano insistió en la necesidad de construir una nueva frontera “colombo-venezolana” por lo que ha exhortado a su par colombiano, Juan Manuel Santos, a atender el problema del paramilitarismo, la violencia criminal y el contrabando proliferado en los límites binacionales.
El estado de excepción se mantendrá por 60 días prorrogables -según reza el decreto- y estará acompañado del programa de seguridad Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que persigue defender los territorios de prácticas delictivas provenientes de bandas criminales y paramilitares.
Hasta la fecha cuentan 13 municipios del occidente venezolano colindantes con Colombia, los que se mantienen en estado de excepción; una medida aunada al cierre de la frontera por San Antonio y Ureña (estado Táchira) y Paraguachón (Zulia), esta última ubicada a 700 kilómetros de Caracas.
El Ejecutivo venezolano ha instado al gobierno neogranadino a emprender diálogos para convenir acuerdos conjuntos en función de mejorar la vida y la dinámica de la región fronteriza.
Mientras, Bogotá ha condicionado esas conversaciones al respeto del gobierno venezolano hacia ciudadanos colombianos otrora residentes en Venezuela, deportados por estar en condición de ilegalidad.
Tras este reiterativo llamado del gobierno de Colombia, Caracas ha enfatizado en el respeto que se ha dado a los Derechos Humanos de los connacionales, aunque ha insistido en la aplicación de medidas para frenar el éxodo masivo de colombianos al país latino.
La primera medida de cierre fronterizo anunciada por Maduro, se concretó el pasado 19 de agosto en la región de San Antonio del Táchira y el poblado de Ureña, limítrofes con el norte de Santander (noreste colombiano) luego de que presuntos paramilitares agredieran a tres efectivos de la FANB.
Desde allí, Caracas ha intensificado la presencia militar en los límites binacionales y ha activado una serie de acciones diplomáticas orientadas a optimizar la vida en la frontera mediante el diálogo con Colombia.
Dentro de éstas, se encuentra una invitación a la Unión de Naciones Suramericanas(Unasur), para que una comisión de este mecanismo de integración constate la realidad fronteriza.
(Con información de Xinhua)
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