Sugieren expertos investigar un autobús con droga que sin saberlo habrían tomado los normalistas.
La noche del 26 de septiembre de 2014, tropas del 27 batallón de infantería al mando del coronel José Rodríguez Pérez, estuvieron al tanto minuto a minuto desde la salida por la tarde de Chilpancingo de una caravana de autobuses con estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que iban rumbo a Iguala, hasta la agresión armada que desembocó en la desaparición de 43 jóvenes.
La toma de un quinto autobús de la línea Estrella Roja en ésta ciudad, donde presumiblemente se transportaba droga o dinero, habría desencadenado el ataque que por su nivel de beligerancia y alcance contra otras personas inocentes, revelaría la importancia que ese vehículo tenía para la policía municipal que encabezó el ataque. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aporta pistas de la participación no sólo de la Policía Federal o Estatal en los hechos, sino de militares que en todo momento estuvieron al tanto del desarrollo de la acción que se realizaba.
El ataque contra los estudiantes normalistas, y contra el equipo de futbol de los Avispones de Chilpancingo de la tercera división de futbol profesional, se desarrolló por espacio de tres horas por parte de policías de Iguala, Cocula y civiles armados. Esto ocurrió entre las 21:40 horas del 26 de septiembre y las 00:03 horas del día 27. Desde el atardecer, alrededor de las 17:59 horas, al anochecer aproximadamente a las 20:00 horas, hubo un periodo de vigilancia previa de sus movimientos antes de llegar a Iguala por parte de la policía estatal, federal y tropas de la 35 zona militar al mando del entonces general de brigada Alejandro Saavedra Hernández.
El nivel de adiestramiento de los cuerpos policiacos y los civiles armados para ejecutar el ataque, donde fuerzas federales y estatales no hicieron nada por impedir la agresión, revela que existió un nivel de coordinación central que fue de donde salieron las órdenes. Durante la presentación el pasado domingo 6 de septiembre del informe “Ayotzinapa. Investigación y primera conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas”, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se dio a conocer una hipótesis que no ha sido investigada aun y que podría explicar el por qué de la “reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”, que incluyó un vehículo que nada tenía que ver con los estudiantes, el cual transportaba a los jugadores del equipo de futbol.
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El informe de los expertos latinoamericanos señala en el quinto apartado, titulado: “Características de los hechos y análisis de las posibles causas”, una línea de investigación que se basa en evidencias obtenidas en investigaciones judiciales en Estados Unidos sobre la utilización de autobuses de transporte público para traficar pasta de heroína desde Iguala al mercado estadounidense. La hipótesis de que la agresión contra los jóvenes que tomaron de manera circunstancial los cinco autobuses para transportarse a una actividad social, como llamaron al dato de que los iban a usar para trasladarse a la ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre, estuvo dirigida “a no dejar salir los autobuses de Iguala” a cualquier costo.
“Los normalistas no iban armados, ni boicotearon ningún acto político, ni atacaron a la población como se señaló en distintas versiones”, señala el informe. “El nivel de la agresión sufrida y el carácter indiscriminado”, donde hubo disparos contra civiles desarmados y en actitud de huida, y el aumento progresivo del nivel de agresión desde el inicio de la toma de autobuses, persecución y disparos al aire, hasta el bloqueo, disparos a matar, golpizas, preparación de acciones de emboscada, o persecución durante largo tiempo que se vivieron en distintos momentos, tuvo un nivel de beligerancia que no corresponde con ningún caso registrado con anterioridad contra estudiantes.
Fue una “operación coordinada”, de las que se requiere cierto nivel de adiestramiento. El informe señala que esa noche mientras se registraba el ataque contra los autobuses en la avenida Juan N. Álvarez y Periférico Norte, al mismo tiempo en la salida de Iguala a Chilpancingo, frente al Palacio de Justicia del municipio, un autobús Estrella de Oro con 15 a 20 normalistas fue detenido y destrozado por policías municipales de Iguala. Sus pasajeros fueron golpeados, obligados a bajar, detenidos y desaparecidos posteriormente, de acuerdo a declaraciones de un testigo que disparó contra uno de los normalistas. Esta acción duró aproximadamente de 45 minutos a una hora.
“Los ataques con intervención de al menos dos cuerpos policiales municipales de dos ciudades distintas de Iguala y Cocula en dos diferentes escenarios (Juan N. Álvarez con Periférico norte, y carretera de salida Iguala-Chilpancingo a la altura del Palacio de Justicia), tuvo cerca de una hora de duración en cada lugar y se llevó a cabo de forma coordinada y simultánea, a veces incluso con la participación en los dos lugares de los mismos agresores, una parte de los cuales se dirigieron a reforzar el escenario del autobús, detenido frente al Palacio de Justicia. Testigos señalan la presencia de policía estatal y /o ministerial en ambos escenarios, y una patrulla ministerial en la persecución posterior en la colonia Pajaritos y colonia 24 de febrero de un grupo de sobrevivientes”.
“Hay dos periodos en los que no aparecen comunicaciones en el C-4 que ha sido proporcionado al GIEI, durante ciertas horas. Dichos periodos coinciden con el tiempo posterior al primer ataque de la calle Juan N. Álvarez y el tiempo del segundo ataque en el mismo lugar. En un documento oficial de Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo se señala que no tienen acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos esa noche porque la comunicación está intervenida por Sedena”.
“Antes de todo eso, tanto la policía federal, estatal, como el ejército tuvieron personal destacado en la caseta de Iguala en ese momento, donde los normalistas se disponían a tratar de tomar autobuses y una patrulla estatal habría observado su llegada antes de retirarse. Según testimonio de los normalistas, la policía federal estuvo presente muy cerca del otro lugar de boteo, el cruce de Huitzuco.
Es decir, antes de los hechos los normalistas tuvieron seguimiento tanto de la policía federal, como la estatal y el ejército que tenían conocimiento de que se trataba de estudiantes de Ayotzinapa en actividades de boteo y toma de autobuses. Por otra parte, diferentes testigos señalan la presencia de policía federal en el escenario del Palacio de Justicia en dos momentos diferentes y también de policía ministerial según los normalistas, otros testigos y policías municipales; de policía ministerial en el escenario de Juan N. Álvarez, según algunos policías ministeriales; y agentes de inteligencia del ejército en el escenario de calle Galeana (salida a Juan N. Álvarez) y del Palacio de Justicia según reportes y declaraciones de miembros del ejército; de policía ministerial en el escenario de persecución a normalistas en la Colonia Pajaritos, según el testimonio de dichos sobrevivientes”.
La zona militar al tanto
De la investigación de los expertos de la CIDH se desprende que el entonces comandante de la 35 zona militar, el general Alejandro Saavedra Hernández, estuvo al tanto vía oficiales del 27 batallón de infantería encabezados por el coronel José Rodríguez Pérez, de todo lo que ocurrió esa noche.
“Además de la policías municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores”, dice el informe, “en las dos escenas de Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia de donde fueron detenidos y desaparecidos los normalistas, hubo presencia de agentes del ejército, de la policía federal y ministerial en distintos momentos. Tras la detención de los normalistas una patrulla del ejército visitó la comisaría de barandilla donde aparentemente habría sido llevado un grupo de normalistas detenidos, y posteriormente la misma patrulla se dirigió al Hospital Cristina donde se habían refugiado un grupo de normalistas sobrevivientes y uno de los heridos graves. También resguardó la escena del crimen donde quedaron muertos dos normalistas en la calle Juan N Álvarez y Periférico Norte tras el segundo ataque. Posteriormente otra patrulla del ejército llegó entre 6 y 7am y resguardó el lugar donde apareció el cuerpo sin vida y torturado de Julio César Mondragón, antes de que llegaran las autoridades civiles”.
“El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios y de los ataques en distintos momentos que muestran los documentos, testimonios y peritajes evaluados por el GIEI, da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (Iguala y Cocula), y al menos 18 patrullas municipales y una de protección civil que intervinieron esa noche señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes”.
Por otra parte, según testigo protegido una patrulla estatal participó en trasladar un chofer detenido y luego liberado. Otro de los choferes sobrevivientes señala que fue llevado a una casa de seguridad en el centro de Iguala, y presentado ante un hombre que dirigía el operativo y tomaba decisiones sobre las acciones a realizar con detenidos. Dicho modus operandi revela una estructura de mando, con coordinación operativa. Este testimonio sugiere que la decisión de qué hacer con los choferes de los autobuses, que fueron detenidos con los normalistas posteriormente desaparecidos, no estaba tomada en ese momento y que el objetivo de la acción no se dirigía contra ellos sino contra los normalistas.
El informe resalta que entre las hipótesis del por qué de la agresión que han sido consideradas por el grupo de expertos, se encuentra, que la normal de Ayotzinapa ha sido vista como base social para movimientos políticos y guerrilleros. También se tomó en cuenta la versión oficial mantenida un tiempo sobre la confusión de los autores sobre la identidad de los normalistas. “Otra posibilidad considerada sería una acción de castigo contra los normalistas por los antecedentes de enfrentamientos y señalamientos contra el alcalde Abarca.
Sin embargo, a juicio del GIEI, ninguna de ellas explica el modus operandi ni el nivel de coordinación y violencia. Es probable que entre los factores que explican la agresión se encuentren también los estereotipos sobre los “ayotzinapos” como de forma despectiva que se ha señalado en muchas ocasiones y hemos encontrado incluso en nuestra investigación por parte de diferentes sectores. Sin embargo, a juicio del GIEI este sería un factor facilitador de la agresión, dado que el desprecio por el otro promueve la violencia, pero no un desencadenante de la misma ni del nivel de actuación”.
El quinto autobús
El narcotráfico ha estado presente como argumento oficial del ataque contra los estudiantes en diferentes momentos. La PGR ha sostenido que un grupo de estudiantes habría sido confundido con un grupo antagónico al que dominaba Iguala, los autodenominados “Guerreros Unidos”, del cual el alcalde formaba parte. “Un grupo de miembros del crimen organizado infiltrados entre los estudiantes que van a la ciudad con oscuros objetivos de boicot político; un grupo de narcos o estudiantes infiltrados que van a matar a “contrarios” o tratar de quitarles “la plaza”.
En todos estos dichos el informe resalta que hay un aspecto que no ha sido suficientemente considerado hasta ahora. “Por una parte la información pública señala que Iguala es un lugar de comercio y transporte de estupefacientes, especialmente heroína, hacia Estados Unidos y especialmente Chicago. Una declaración presentada en un caso reciente en dicho país muestra los lazos en la ciudad y el tráfico de heroína que se realiza habitualmente. Las informaciones proporcionadas al GIEI señalan que Iguala era un centro de tráfico muy importante. Según dichas informaciones, algunos autobuses son utilizados para transportar heroína y cocaína y el dinero obtenido de este tráfico, entre Iguala y Chicago”.
Y citan un informe judicial de los Estados Unidos. “Con fecha 8 de diciembre de 2014 la Fiscal Federal para el Estado de Illinois, Nicol Kim, sometió a consideración de un Juez un “probable cause affidavit”, es decir una declaración jurada para acreditar causa probable para obtener registro de inmuebles, vehículos y computadores, suscrita por A. S., agente de la DEA. Dicha investigación está dirigida en contra de Pablo Vega y otros, señalado como el jefe en Chicago del cártel llamado Guerreros Unidos. De la declaración jurada y de las escuchas telefónicas de las que ahí se da cuenta, surge información que señala que el cartel transportaba la droga desde México a Chicago mediante el uso de buses de transporte público.
En una interceptación telefónica en ese caso, realizada en una conversación entre dos sujetos bajo investigación entre Guerrero y Chicago se dan instrucciones para limpiar los buses y en otro se da cuenta de que hubo interceptación en la frontera. El transporte se hacía en un compartimento especial diseñado para ello. Si bien las compañías de buses mencionados en la declaración jurada no son de aquellas que tomaron los estudiantes el día 26 de septiembre de 2014, el GIEI ha tenido conocimiento de que para esos envíos se utilizan también otras líneas de buses desde Iguala. No se ha realizado ninguna investigación para determinar quiénes son los dueños. En México no se ha realizado ninguna investigación al respecto, al menos de la que tenga conocimiento el GIEI. Tampoco se ha investigado si existe algún vínculo comercial o de otro tipo que relacione estas compañías de buses Monarca y Volcano, que son señaladas en dicho documento, con las dueñas de los buses que sí fueron tomadas por los estudiantes”.
Es decir, el negocio que se mueve en la Ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque, su duración en el tiempo e incluso el ataque posterior contra Los Avispones, al existir un autobús, tomado por los estudiantes que no había sido detenido. A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora, subraya el documento.
“En resumen, según las informaciones recogidas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y, según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada. Los estudiantes tomaron 5 autobuses, y como se señaló, la propia existencia de uno de los autobuses Estrella Roja no fue presentada en la investigación. El testimonio del chofer de este autobús, es contradictorio con los testimonios de los normalistas y con la hoja de ruta del propio autobús, pero un manuscrito en el expediente confirma en cambio la versión de los normalistas. A falta de otros análisis más profundos, el autobús, presentado parece no corresponder con el autobús, registrado en las cámaras de video de esa noche.
Examinadas todas las hipótesis posibles de esos hechos probados, la única circunstancia que explica las contradicciones entre los hechos sobre este autobús, y su trayecto en la ciudad esa noche, la versiones opuestas del chofer, y sus distintas versiones en dos documentos, las diferencias con los normalistas testigos y otras circunstancias probadas, las ausencias en el expediente de dicho autobús, y los documentos contradictorios obrantes en él, es que dicho autobús, sea un elemento central del caso. La acción de tomar autobuses por parte de los normalistas, a pesar de que tenía otros objetivos, como era obtener transporte para que los normalistas provenientes de diferentes escuelas normales pudieran participar en la marcha del 2 de octubre, podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese autobús, Estrella Roja”.
“El resto de explicaciones posibles, como confusión con un grupo del narco o la delincuencia organizada es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados, con las circunstancias de la llegada de los normalistas a Iguala, o con la sola circunstancia de castigo contra los normalistas como represalia por la toma de autobuses, que no explican la masividad, la reacción tan hostil y la generalización de escenarios de violencia directa contra las personas y los autobuses, y por tanto no ayuda a entender los hechos producidos esa noche. Mientras no existe una evidencia completa, el GIEI señala todas estas evidencias circunstanciales que confirman la importancia de investigar en profundidad esta hipótesis, ya que hasta el momento es la más consistente con la violencia desatada contra los normalistas, y posteriormente contra el equipo de fútbol de Los Avispones y otras personas, confundidas con ellos”.
fuente.- ESTADO MAYOR
Juan Veledíaz
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