México ha vivido jornadas de violencia previo a las elecciones de mañana, con ataques a edificios electorales y sedes de partidos, así como bloqueos a instalaciones petroleras, protagonizados en su mayoría por maestros.
Tras dos meses de campaña electoral desarrollada en
medio de manifestaciones, el ambiente se ha tornado tenso, dijo la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, IMDHD, Rocío Culebro.
Una de las jornadas más violentas se vivió en el estado de Guerrero, donde ayer por lo menos 15 personas resultaron heridas cuando cientos de manifestantes se enfrentaron con policías en la localidad de Tlapa.
Los manifestantes, encabezados por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEG, y estudiantes, marchaban en la ciudad cuando agentes antimotines les cerraron el paso a unos 500 metros de una bodega del Instituto Nacional Electoral, INE.
El bloqueo dio lugar alrededor del mediodía a un enfrentamiento en que los manifestantes lanzaron piedras y otros objetos a los uniformados, que a su vez lanzaron granadas de gas lacrimógeno.
Por otra parte, en el sureño estado de Chiapas miles de maestros irrumpieron en las sedes de los partidos políticos en Tuxtla Gutiérrez y quemaron documentos y propaganda electoral en el marco del llamado al boicot de los comicios.
En el lugar, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, atacaron oficinas de nueve fuerzas políticas, entre ellas las del oficialista Partido Revolucionario Institucional, PRI; el conservador Acción Nacional, PAN, y el izquierdista de la Revolución
Democrática.
Estudiantes de las escuelas normalistas de la región amenazaron con sumarse al boicot electoral y demandan la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, además de mayores recursos y autoridad dentro de sus centros educativos.
Unos 83 millones de mexicanos están convocados a participar en los comicios, en los que deberán elegir 1.996 dignidades, incluidas 500 diputados federales y los gobernadores de nueve estados. Sin embargo, la corrupción de las autoridades, la impunidad, la falta de respuesta ante las demandas del sector educativo y el caso no resuelto de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son los argumentos en que se basan los ciudadanos para rechazar estas elecciones.
