Los resultados de la investigación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –la cual echa por tierra la existencia de la pira funeraria masiva– no es el único golpe a la versión de la PGR sobre el caso Ayotzinapa. Ahora hay otro torpedo disparado a la línea de flotación de la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam: las confesiones de los supuestos sicarios que hablaron de la quema en un basurero de Cocula de los cuerpos de los normalistas… Fue obtenida mediante el recurso de torturar a cuatro albañiles.
En noviembre de 2014 este hombre fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR), junto con otros tres trabajadores de la construcción, como responsable del asesinato y cremación de los 43 normalistas de Ayotzinapa –secuestrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año– en el basurero del cercano municipio de Cocula.
Para cerrar el caso, el pasado 27 de enero el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, presentó a Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado como las piezas que resolvían todo. Afirmó que ellos habían confesado el asesinato e incineración de los estudiantes y agregó que todas las pruebas científicas apuntalaban las confesiones.
Pero el sábado 5, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que en realidad tal cremación nunca ocurrió.
Ahora se sabe, por el examen médico practicado en la PGR a Rodríguez Salgado y los testimonios de sus familiares, que los albañiles fueron torturados. En sus conclusiones, el GIEI, basado en un peritaje forense independiente, concuerda: quienes “confesaron” el asesinato y cremación de estudiantes fueron coaccionados mediante tortura.
La PGR afirmó en noviembre de 2014 que Reyes Landa, Osorio y García Reyes confesaron haber triturado los restos de los estudiantes y haber metido sus cenizas en bolsas que dejaron o vertieron en el río San Juan.
En realidad ninguno de ellos declaró eso. Según lo prueban sus declaraciones ministeriales –de las cuales se tiene copia–, ese argumento fue inventado por la PGR.
Desde diciembre pasado los autores de este reportaje –en colaboración conProceso y el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley– revelaron la participación del Ejército y la Policía Federal en los ataques contra los normalistas el 26 de septiembre (“La verdadera noche de Iguala”, Proceso 1989); que fueron cinco los autobuses involucrados y no cuatro, como decía la PGR; y que los estudiantes fueron monitoreados en todo momento por los gobiernos federal y estatal. El GIEI confirmó esto en su investigación.
Para el presente reportaje se entrevistó a las familias de tres de los albañiles con quienes la PGR fabricó su “verdad histórica”.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 2028, ya en circulación)
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