SALAZAR ABRIÓ 49 PROCESOS CONTRA AUTORIDADES RELACIONADAS CON COMPRA FRAUDULENTA DE INSUMOS MÉDICOS
Tras un año al frente de la institución ha logrado que se sentencie al expresidente Rafael Correa y sus más altos funcionarios en el caso Sobornos, y en las últimas semanas ha abierto 49 procesos judiciales, en contra de asambleístas, prefectos y otros funcionarios por indicios de responsabilidad penal, en las compras emergentes durante la pandemia. Ella asegura que trabaja con pasión, pero sin venganza, y que su único objetivo es hacer las cosas de manera correcta.
Hacerlo bien y no ser mediocre constituye su desafío diario. Comenta que fue su madre quien le inculcó que esa fuerza. “Para triunfar, los afrodescendientes tenemos que poner un mayor esfuerzo, y aun así a veces no se lo puede alcanzar, como uno puede observar en las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd”. Añade: “Si uno es afrodescendiente y además mujer, la situación es más demandante”. Y también la convierte en blanco de ataques solo por ese hecho.
Un estudio de la organización Participación Ciudadana determinó que hay una virulencia extrema en las redes sociales ecuatorianas contra las mujeres que son figuras públicas. Salazar, por ejemplo, ha sido agredida por el expresidente Rafael Correa y su ejército de trolls, que la denomina la fiscal “10/20”. Ella responde: “Mire lo que hemos logrado con 10/20. Si hubiese sido 11/20 cuántos casos más casos hubiera podido resolver. Todos (en el concurso) tuvimos notas similares. Sin embargo, a diferencia de los fiscales que antes tuvieron 100/100, hemos logrado muchísimo más con nuestro trabajo. Me preocuparía que me critiquen por no haber realizado mi trabajo, o porque me acusen de que he recibido dinero”.
Según ella, las opiniones en redes que son contrarias a ella, en su mayoría corresponden a personas envueltas en procesos judiciales. “Los trolls son gente anónima, detrás de un computador. Lo que me importa es la gente de carne y hueso. Y esa, de manera genuina, se me acerca en los supermercados o los lugares públicos donde voy”.
De los procesos más importantes que le ha correspondido actuar, hace una división entre aquellos que tienen un origen internacional y los que han surgido de manera local. Casos como Fifagate, Odebrecht e Ina Papers resultan más difíciles de encausar y marchan más despacio, porque se requiere acuerdos y convenios con otros países y cooperación de otros sistemas judiciales. No obstante, añade que: “Ahora recibimos con más celeridad la ayuda, porque las autoridades nos van conociendo y hay voluntad para cooperar con nosotros”. En tanto, procesos como Sobornos y los 49, originados en la Fuerza de Tarea para los delitos ocurridos en las compras emergentes por la Pandemia, son complejos por el número de personas involucradas, pero pueden avanzar con mayor celeridad.
Asegura que persigue el cumplimiento de las leyes: “No investigamos según el cargo, ni por consideraciones políticas. Los procesos avanzan en base a las pruebas: contratos, certificaciones, facturas, registros, entre otros, para poder acusar. No iniciamos procesos por “tuits”o por denuncias periodísticas, como se ha dicho. Lo hacemos cuando hemos comprobado que hay bases para sustentar la acusación”.
Explica así que los allanamientos que hizo en Guayaquil en la residencia del ex presidente Abdalá Bucaram y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, fueron consecuencias de investigaciones preliminares, vinculadas a compras hospitalarias con supuestos sobreprecios.
“El dueño de una propiedad, donde se almacenan insumos médicos vinculados a otra investigación, es responsable de los mismos”. De esta forma explica que al expresidente Bucaram no solo se lo vincula judicialmente por poseer un arma sin los registros respectivos, sino que también es parte de una investigación adicional porque en su momento se encontraron los insumos y él no justificó el origen de ellos.
No hace público otras posibles vinculaciones a miembros de la familia Bucaram porque el sigilo debe mantenerse mientras está realizándose la investigación. Añade que el arresto domiciliario del expresidente es una disposición legal de la Constitución de 2008. “La ley es clara, personas mayores de 65 años y que además sean vulnerables por alguna enfermedad, tienen arresto domiciliario mientras no exista una sentencia ejecutoriada”.
No es el caso del prefecto Morales. “Concederle arresto domiciliario es un atentado contra el sentido común. Está en posibilidad de ir al sitio donde se cometió el delito y borrar las evidencias”.
Defiende con énfasis la aplicación de prisión preventiva para los delitos de cuello blanco. “La Corte Interamericana sostiene que debe ser un recurso de excepción, cuando existe la presunción de que el delito quede en impunidad. Sin embargo, en Ecuador es una regla para los delitos menores como, por ejemplo, robos de celulares. Los casos de delitos menores constituyen el 50 por ciento de las órdenes de prisión preventiva, mientras para los delitos graves apenas se aplica en 20 por ciento; la mayoría son beneficiarios de medidas cautelares alternativas.
Si tenemos indicios bien fundados debe aplicarse la prisión preventiva”.
Es precisa para distanciarse de la política. Sostiene que no le corresponde comentar sobre si la impunidad se agudizó por el manejo arbitrario del correísmo durante una década o si hay coincidencia en algunas investigaciones y la política. “La Fiscalía es totalmente ajena a los momentos políticos, he dado muestra de que somos independientes. Lo que a la Fiscalía le interesa es buscar hechos y que responsables de cometer delitos puedan ser sancionados, nada más”.
Si la Fiscalía hace su trabajo y la Policía también, ¿fallan los jueces? Explica que ella no critica a las instituciones, sino a las personas, y que a nadie se le debe felicitar por hacer su trabajo. Eso sí, hay que observar a quienes no lo hacen. Considera a la justicia como un prisma, donde “la Fiscalía inicia los procesos de investigación y la policía que cumple órdenes de Fiscalía, no por decisión de Diana Salazar, sino porque la ley determina que la Fiscalía es titular de acción penal. Esto no significa que la decisión debe ser tomada tal cual, sino que debe ser evaluada por los jueces. Sin embargo, todos deben tener un sistema común para interpretar las leyes, de manera que no haya discrecionalidad en la aplicación de las normas, que varíen según el caso o las personas involucradas. Nadie está sobre la ley”.
En una entrevista internacional sostuvo que “los buenos somos más”; sin embargo, para muchos ecuatorianos, por una historia de impunidad, los pícaros parecen ganar. “No debemos permitir que se enraíce esa frase, porque eso quieren los pícaros, que se deje de luchar, y eso es lo último que debe ocurrir”.
Concluye que nadie tiene comprada la vida y que aspira que al terminar su trabajo, se considere que lo hizo con honestidad y perseverancia, para que mejoren los procesos judiciales y Ecuador deje de estar en el noveno puesto en Sudamérica en el combate a la corrupción, con una calificación de 4.6 sobre 10, como lo determina el American Council, que destaca una mejora por el caso Sobornos, donde “por primera vez no solo se sentenció a funcionarios públicos, sino a los empresarios que dieron los sobornos”, añade ella. Si llega a sentencia la investigación de los casos de los robos en los hospitales y compras públicas durante la pandemia, seguro que Ecuador subirá de puesto.
Mientras tanto a Diana Salazar le restan todavía cinco años más en su calidad de Fiscal General. Si no declina su ritmo, y con su ejemplo otras instituciones de la triada del sistema de justicia la emulan, a lo mejor finalmente en Ecuador disminuye la impunidad e impera un estado de derecho.
