Encarar al narcogobierno
Por John M. Ackerman | La Jornada
El ataque a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa hace un año no fue cualquier crimen que se debe esclarecer, sino un acto de represión política que se debe castigar al más alto nivel. No tiene ningún sentido seguir rogando justicia a las mismas instituciones del narcogobierno mexicano responsables por la desaparición y el asesinato de los jóvenes activistas. La única forma para conocer la verdad sobre lo que realmente ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sería por medio de una investigación totalmente autónoma sin relación con la administración de Enrique Peña Nieto.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha confirmado lo que la sociedad mexicana tenía claro desde un principio. Peña Nieto es un cínico mentiroso que se burla constantemente del pueblo mexicano y cuya principal función es poner las instituciones del Estado mexicano al servicio de los más oscuros intereses oligárquicos, mafiosos y delincuenciales. El nombramiento de Arturo Escobar como nuevo subsecretario de Prevención del Delito es el ejemplo más reciente del mismo.
Los expertos internacionales han revelado la abierta complicidad tanto de la Policía Federal como de las fuerzas militares con el crimen de lesa humanidad cometido contra los normalistas. También han exhibido al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como probable delincuente, encubridor de torturadores, narcotraficantes y corruptos. Se confirma la responsabilidad directa de Peña Nieto, como comandante en jefe de las fuerzas armadas y mando superior de Murillo Karam y Osorio Chong, en la desaparición y el asesinato de los jóvenes.
Ahora bien, es un grave error representar a los estudiantes de Ayotzinapa como simples víctimas de un narcogobierno sin límites. La sistemática persecución de los normalistas durante tres horas y la realización de nueve ataques contra 180 personas aquella noche, no puede explicarse por algo tan circunstancial como la posible equivocación con respecto a un autobús cargado de droga.
Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos son activistas sociales con una clara visión política de repudio al sistema neoliberal y de resistencia al Estado represor. Sus tomas de autobuses no son solamente para suplir sus necesidades, como señala el informe del GIEI, sino también son actos de desobediencia civil pacífica. Como Emiliano Zapata, en lugar de esperar años hasta que el gobierno se dé cuenta de sus necesidades, ellos toman directamente y desde luego lo que les corresponde como ciudadanos conscientes de una República revolucionaria que por mandato constitucional debe garantizar la libertad de tránsito para todos.
Es precisamente por esta actitud rebelde que los estudiantes de Ayotzinapa han sido sistemáticamente perseguidos, desaparecidos y asesinados por las autoridades, desde mucho antes del 26 de septiembre de 2014. Aquella noche, los jóvenes primero fueron encerrados, por el chofer, dentro del autobús en que viajaban y posteriormente acosados durante tres horas por narcopolicías y militares con el fin de dar una lección a los activistas.
Es difícil creer que el propósito del ataque haya sido evitar la interrupción del evento de la esposa del alcalde, que ya había terminado cuando llegaron los normalistas a Iguala, o simplemente recuperar un camión cargado de estupefacientes. El fin de la agresión fue silenciar y mancillar a un grupo de activistas incómodos para el régimen.
El brutal ataque durante la conferencia de prensa de los normalistas fue particularmente revelador. En un claro atentado contra la libertad de expresión, de prensa y de reunión, hombres encapuchados asesinaron en sangre fría a los jóvenes Daniel Félix Gallardo y César Ramírez Nava mientras informaban sobre lo que había ocurrido durante las horas previas. También participó en aquella conferencia Julio César Mondragón, cuyo cuerpo torturado sería encontrado unas horas más tarde por las fuerzas militares.
Y aquí surgen preguntas importantes: ¿quién tomó y circuló aquella fotografía macabra de la cara desollada de Julio César? ¿Habrá sido un mensaje enviado de parte de las mismas fuerzas armadas con el fin de intimidar a la población?
El trasfondo político para el caso de los asesinatos de Rubén Espinosa y Nadia Vera queda claro para todos. En contraste, muchas de las mismas voces que señalan a Javier Duarte como responsable de aquellos ataques dudan en implicar a Peña Nieto en los de Iguala. Extrañamente, prefieren despolitizar el incidente, como si la identidad y las actividades de las víctimas no tuvieran nada que ver.
El GIEI fue contratado por un organismo intergubernamental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y su labor es financiada por el gobierno de Peña Nieto. Su impecable trabajo técnico es testimonio de su enorme valentía e independencia. Sin embargo, su negativa a dilucidar el trasfondo político del crimen o a señalar directamente la responsabilidad de Peña Nieto revelan los límites de su actividad.
Afortunadamente, los padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa no cuentan con las mismas limitaciones que el GIEI. Hagamos votos para que no desaprovechen su próximo encuentro con el titular del narcogobierno, el 24 de septiembre, para exigirle de frente que se vaya a su casa y que se someta a una investigación totalmente independiente, tanto del gobierno mexicano como de Washington.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha confirmado lo que la sociedad mexicana tenía claro desde un principio. Peña Nieto es un cínico mentiroso que se burla constantemente del pueblo mexicano y cuya principal función es poner las instituciones del Estado mexicano al servicio de los más oscuros intereses oligárquicos, mafiosos y delincuenciales. El nombramiento de Arturo Escobar como nuevo subsecretario de Prevención del Delito es el ejemplo más reciente del mismo.
Los expertos internacionales han revelado la abierta complicidad tanto de la Policía Federal como de las fuerzas militares con el crimen de lesa humanidad cometido contra los normalistas. También han exhibido al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como probable delincuente, encubridor de torturadores, narcotraficantes y corruptos. Se confirma la responsabilidad directa de Peña Nieto, como comandante en jefe de las fuerzas armadas y mando superior de Murillo Karam y Osorio Chong, en la desaparición y el asesinato de los jóvenes.
Ahora bien, es un grave error representar a los estudiantes de Ayotzinapa como simples víctimas de un narcogobierno sin límites. La sistemática persecución de los normalistas durante tres horas y la realización de nueve ataques contra 180 personas aquella noche, no puede explicarse por algo tan circunstancial como la posible equivocación con respecto a un autobús cargado de droga.
Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos son activistas sociales con una clara visión política de repudio al sistema neoliberal y de resistencia al Estado represor. Sus tomas de autobuses no son solamente para suplir sus necesidades, como señala el informe del GIEI, sino también son actos de desobediencia civil pacífica. Como Emiliano Zapata, en lugar de esperar años hasta que el gobierno se dé cuenta de sus necesidades, ellos toman directamente y desde luego lo que les corresponde como ciudadanos conscientes de una República revolucionaria que por mandato constitucional debe garantizar la libertad de tránsito para todos.
Es precisamente por esta actitud rebelde que los estudiantes de Ayotzinapa han sido sistemáticamente perseguidos, desaparecidos y asesinados por las autoridades, desde mucho antes del 26 de septiembre de 2014. Aquella noche, los jóvenes primero fueron encerrados, por el chofer, dentro del autobús en que viajaban y posteriormente acosados durante tres horas por narcopolicías y militares con el fin de dar una lección a los activistas.
Es difícil creer que el propósito del ataque haya sido evitar la interrupción del evento de la esposa del alcalde, que ya había terminado cuando llegaron los normalistas a Iguala, o simplemente recuperar un camión cargado de estupefacientes. El fin de la agresión fue silenciar y mancillar a un grupo de activistas incómodos para el régimen.
El brutal ataque durante la conferencia de prensa de los normalistas fue particularmente revelador. En un claro atentado contra la libertad de expresión, de prensa y de reunión, hombres encapuchados asesinaron en sangre fría a los jóvenes Daniel Félix Gallardo y César Ramírez Nava mientras informaban sobre lo que había ocurrido durante las horas previas. También participó en aquella conferencia Julio César Mondragón, cuyo cuerpo torturado sería encontrado unas horas más tarde por las fuerzas militares.
Y aquí surgen preguntas importantes: ¿quién tomó y circuló aquella fotografía macabra de la cara desollada de Julio César? ¿Habrá sido un mensaje enviado de parte de las mismas fuerzas armadas con el fin de intimidar a la población?
El trasfondo político para el caso de los asesinatos de Rubén Espinosa y Nadia Vera queda claro para todos. En contraste, muchas de las mismas voces que señalan a Javier Duarte como responsable de aquellos ataques dudan en implicar a Peña Nieto en los de Iguala. Extrañamente, prefieren despolitizar el incidente, como si la identidad y las actividades de las víctimas no tuvieran nada que ver.
El GIEI fue contratado por un organismo intergubernamental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y su labor es financiada por el gobierno de Peña Nieto. Su impecable trabajo técnico es testimonio de su enorme valentía e independencia. Sin embargo, su negativa a dilucidar el trasfondo político del crimen o a señalar directamente la responsabilidad de Peña Nieto revelan los límites de su actividad.
Afortunadamente, los padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa no cuentan con las mismas limitaciones que el GIEI. Hagamos votos para que no desaprovechen su próximo encuentro con el titular del narcogobierno, el 24 de septiembre, para exigirle de frente que se vaya a su casa y que se someta a una investigación totalmente independiente, tanto del gobierno mexicano como de Washington.
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