La organización social Congreso Nacional Ciudadano anuncio que este sábado dará inicio la recolección de firmas para denunciar penalmente al Presidente Enrique Peña Nieto y al Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, entre otros miembros del gabinete, por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Gilberto Lozano, presidente de la asociación, dio a conocer que los escándalos inmobiliarios con el Grupo Higa en los que se vio involucrado el Presidente y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, es lo que motiva esta campaña para interponer el recurso penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La recopilación de firmas está prevista para llevarse a cabo todos los fines de semana de este mes en varios municipios de Nuevo León y varias entidades del país. Por medio de su página web se convoca a la ciudadanía a integrar “células ciudadanas” para la recolección en todos los estados.
En el Distrito Federal se inició la recolección de firmas desde el pasado 1 de septiembre en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Mientras que en el Monumento a la Revolución se realizará la colecta los días 12, 19 y 26 de este mes.
En el formato a firmar se puede leer:
“CONGRESONACIONAL CIUDADANODENUNCIA PENAL DE HECHOSEN CONTRA DEL C.PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE MÉXICOY EL SECRETARIO DE LAFUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL“Con fundamento en los artículos 8, 9 y 35 fracción III, y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los ciudadanos de México aquí firmantes invocando nuestro derecho constitucional señalado al principio de este párrafo, exigimos se investigue penalmente al C. Presidente Constitucional Enrique Peña Nieto, así como al Secretario de la Función Pública Virgilio Andrade Martínez, acerca delos problemas graves de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, crímenes a lesa humanidad, traición a la patria, así como abuso de la función pública.Convencidos los abajo firmantes de que con esta consulta, y recolección de firmas para la interposición de la correspondiente denuncia penal de hechos en contra de las personas antes citadas y las que resulten responsables, lo anterior a fin de que como sociedad civil y mandantes constitucionales y en pleno ejercicio y uso de nuestros derechos civiles y políticos, procedan a dar cauce a esta petición del pueblo de México, las instancias pertinentes”.
Lozano a nombre de la organización presentó al Congreso del Estado de Nuevo León la solicitud para iniciar el juicio de desafuero del Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
El pasado 9 de julio, la organización presentó una denuncia ante la PGR en contra del Gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz y de su familia por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa, peculado, enriquecimiento ilícito y otros delitos federales, respaldada por casi 21 mil firmas de ciudadanos de esa entidad.
Con la denuncia interpuesta en contra de Rodrigo Medina, de su padre Humberto Medina Ainslie, su hermano, Alejandro Medina de la Cruz; así como de Gretta Salinas, esposa del mandatario, se presentaron documentos que acreditan más de 20 propiedades del Gobernador y su familia en Texas, Estados Unidos, por una inversión estimada de 15 a 20 millones de dólares, así como la compra de más de 500 hectáreas ejidales en Nuevo León.
Lozano sostuvo que el sueldo percibido por el Gobernador de Nuevo León, que en total habría sumado 16 millones de pesos en toda su gestión, no le alcanzaría para adquirir dichas propiedades.
La organización exigió a la PGR que se investiguen los delitos de los que se acusa a los Medina y que se notifique a otras instancias para efectos de congelar cuentas y asegurar propiedades, así como ejercer acción penal y arraigar al Gobernador una vez que concluya su mandato para evitar que huya del País.
Al menos 25 ciudadanos ya habían interpuesto una denuncia el pasado 20 de mayo ante la Procuraduría Estatal, en contra de Rodrigo Medina y de su padre Humberto Medina Ainslie, por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, desde que se dio a conocer la acusación penal, decenas de ciudadanos manifestaron su deseo de sumarse a la denuncia.
Por ello, la organización comenzó a recabar firmas desde hace más de un mes para respaldar esta acusación, las cuales fueron entregadas a la Procuraduría.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2009, año en que Rodrigo Medina tomó posesión, la deuda de Nuevo León era de 27 mil 070 millones de pesos; en 2010, el monto subió a 33 mil 971 millones de pesos; en 2011, el niveldel débito estatal cerró en 38 mil 590 millones de pesos; en 2012 se situó en 46 mil 952 millones de pesos; en 2013 fue de 51 mil 911 millones de pesos, y en 2014 la deuda ya era de 61 mil 179 millones de pesos.
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